La Corte Suprema de nuestro país ha definido en su jurisprudencia el siguiente veredicto: “los litigantes sin escrúpulos son aquellos que dan una versión deformada de los hechos, con el evidente propósito de lograr que los jueces federales de amparo, no tengan una idea exacta de la naturaleza de los actos materia del juicio, y obtener alguna ventaja con el entorpecimiento de la administración de justicia.”
Esto viene a colación porque patéticamente es lo que vive gran parte del mundo del litigio y de la administración de justicia, muy especialmente en el Estado de Oaxaca. El día de hoy, vemos cómo dos juezas locales Erika María Rodríguez Rodríguez y Jesica Maribel Arango Bravo (que se dicen doctoras en derecho) y sus abogados Carlos Morales Sánchez y Eduardo Baños Garnica (que se dicen constitucionalistas), sin escrúpulo alguno, demandan el amparo de la Federación, dando versiones deformadas de los hechos, para lograr confundir a los jueces federales, cometiendo diferentes delitos para obtener ventajas procesales indebidas, como el hecho de que les admitan su demanda; circunstancia que está penada por la ley de amparo, en el artículo 261, que conlleva una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días; o delitos contra la administración de justicia, ambos de carácter federal, además de la pérdida de su cédula profesional para seguir ejerciendo la licenciatura en derecho, según especialistas en la materia.
Pero lo que realmente debe impactarle a la sociedad de juristas y a la sociedad oaxaqueña en general, es que, esos testaferros no son los únicos que tiran la piedra y esconden la mano, sino que forman parte de una mafia conformada y bien organizada por ciertos integrantes del Poder Judicial estatal y del Poder Judicial Federal, comandados todos ellos por el hoy diputado morenista Ericel Gómez Nucamendi y su incondicional parásito, Alfredo Lagunas Rivera.
Algunos otros de los que integran esa mafia son los tristemente célebres espurios Ana Mireya Santos López, Luis Enrique Cordero Aguilar, Camerino Patricio Dolores Sierra, Rene Hernández Reyes, Narciso Abel Alvarado Vásquez y Tito Ramírez González, a quienes, según información extraída del sistema integral de expedientes del consejo de la judicatura federal, conocido como (SISE), el juez tercero de distrito Amado Chiñas Fuentes y su secretaria, les admitieron ilegalmente un amparo contra su inminente remoción legal por parte del congreso local, y que es una orden del segundo Tribunal Colegiado Administrativo; pero esa admisión se debió a las mismas argucias que usaron Erika Rodríguez y Jesica Arango, es decir; al ocultamiento doloso de hechos en relación con el acto que ahora reclaman, que reside esencialmente, en no ser removidos de sus cargos de magistrados.
Y es que, en el mencionado sistema (SISE), queda claro que esos seis disolutos ya habían promovido un amparo idéntico, el cual conoció el juzgado federal segundo, pero les fue desechado por improcedente, con lo que se comprueba, que también están incurriendo en los mismos delitos federales de las juezas y sus abogados.
Pero no es casual que su demanda haya sido admitida por el juez Amado Chiñas Fuentes, pues con los tentáculos de la corrupción de Gómez Nucamendi, quien por años controló el Sindicato del Poder Judicial Federal, así como la íntima amistad que lo une con ese juez, lograron turnar esa demanda exactamente al juzgado tercero, evidenciándose la corrupción que permea al interior de ese Poder Judicial Federal en nuestro Oaxaca, y que va desde los que manejan la oficialía de partes común hasta los propios administradores de justicia federal, siendo más grave, que violen los acuerdos del consejo de la judicatura federal en materia de turnos de amparos, pues los mismos disponen que cuando exista identidad en cuanto a las partes o actos reclamados, la nueva demanda tendrá que ser turnada al mismo juzgado que conoció primeramente, o en su defecto, el juez actual tiene que declinar su competencia a aquel, pero parece que alguien le está ordenando a la nueva titular de ese Órgano, Elia Irma Hernández Antonio, quebrantar tan importantes disposiciones obligatorias para ese Poder.
Así, ante tal escenario, podemos asegurar sin temor a equivocarnos que la mafia encabezada por los bellacos Ericel Gómez Nucamendi y su parásito, así como sus lacayos Erika María Rodríguez Rodríguez, Jesica Maribel Arango Bravo, Carlos Morales Sánchez, Ana Mireya Santos López, Luis Enrique Cordero Aguilar, Camerino Patricio Dolores Sierra, Rene Hernández Reyes, Narciso Abel Alvarado Vásquez y Tito Ramírez González, ACTÚAN BAJO EL MISMO MODUS OPERANDI:
1.-promueven demandas de amparo totalmente improcedentes
2.- después omiten datos fundamentales ante los jueces de amparo, para confundirlos y obtener ventajas procesales de forma ilegal
3.- posteriormente y cuando son desenmascarados, comienza su juego mediático de hacerse los mártires, victimizándose ante los ojos de la sociedad, aprovechándose de su género y de lo que se pueda, con tal de cumplir bien con el guion de víctimas.
Y es aquí donde cabe hacerse la siguiente pregunta:
¿VERDAD QUE ES DE SORPRENDERSE SU NIVEL DE PERVERSIDAD, CORRUPCIÓN, PERO MÁS AÚN, SU NIVEL DE TORPEZA JURÍDICA?
