JUSTICIA

Elección de magistrados en Oaxaca es una farsa muratista !

ELECCIÓN ¿SIMULADA?

La convocatoria para concursar para la elección de magistradas, es una farsa que permite legitimar a quién ya estaba elegido previamente.
¿Qué sentido tiene lanzar una convocatoria para elegir a magistradas si al final va a quedar quien el Gobernador elija?
El sistema de Justicia Penal, es muy técnico y complejo, situación que a administraciones anteriores les ha costado mucho consolidarlo. Para tener un sistema judicial eficiente, es necesario contar con los mejores perfiles, personas con experiencia en la administración de justicia, que hayan vivido el día a día el litigio, que se hayan capacitado al respecto, de lo contrario, tiende a colapsar, teniendo un alto costo social, que repercutirá en dictar sentencias condenatorias a inocentes o absolutorias a culpables, solo por imponer a personas que no tienen los conocimientos necesarios y no gozan de buena reputación, a ello se debe que las personas pierdan la fe en las instituciones de Procuración y Administración de Justicia

El 22 de marzo del año en curso, se publicó en el Periódico Oficial de Oaxaca la Convocatoria a las licenciadas o licenciados en Derecho que aspiren a ocupar la vacante de Magistrada o Magistrado del Tribunal de Justicia del Estado de Oaxaca.

El Consejo de la Judicatura, del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, remitió, al Gobernador del Estado, la lista con los promedios más altos de los exámenes de oposición, proponiendo a 8 mujeres y a 8 hombres para las respectivas ternas, lo que implicaba, en respeto al la equidad de género que una terna debería ser, exclusivamente, de mujeres.

El 12 de abril del presente, el Gobernador Constitucional del Estado de Oaxaca propone al H. Congreso del Estado dos ternas:

1. incluye dos hombres y una mujer;
2. incluye dos mujeres y un hombre.

El 20 de abril del 2021, ante la Comisión Permanente de Administración y Procuración de Justicia, comparecieron las y los aspirantes propuestos en las dos ternas.

Mediante dictamen número 829, de fecha 21 de abril del año 2021, se determinó procedente el nombramiento de la C. Erika María Rodríguez Rodríguez, como Magistrada del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Oaxaca.

El 26 de abril del 2021, se remitió el dictamen ante la secretaría de servicios parlamentarios, para su inscripción en el orden del día, de la siguiente sesión.
La Diputación Permanente tiene la facultad de convocar al Congreso a la sesión extraordinaria, para la discusión y aprobación del dictamen. Teniendo como plazo el Lunes 3 de mayo, del año en curso.

No obstante, el dictamen de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, en el que se designó a una mujer, Erika María Rodríguez Rodríguez, quien se determinó que cuenta con la competencia y experiencia suficiente en el ámbito de la Administración de Justicia, quienes dirigen la Diputación permanente están bloqueando la cita a sesión extraordinaria, para que no se aprueba el dictamen y así, dejarle el paso libre al gobernador pueda designar a Moisés Molina, quien no reúne las capacidades mínimas para ser magistrado.

Lo que implica una perpetuación de la violencia política en contra de las mujeres y el patrón sistemático de una política machista por parte de los representantes populares y el titular del ejecutivo del Estado, quien se empeña en no respetar la paridad de género.

Para muestra, un botón, de los 28 magistrados que integran el Tribunal Superior de Justica, solo 7 son mujeres y 21 hombres.

Con ello no solo se viola la paridad de género, sino que se perpetúan el patrón sistemático de violencia de género; se ejerce violencia política en contra de la aspirante, lo que hace evidente la consideración de la mujer como un objeto o posesión.

Aunado a que con el comportamiento del poder ejecutivo y la complicidad del legislativo se vulnera la independencia y autonomía judicial, al imponerse, sin respetar las competencias y capacidades, a una persona, por capricho del gobernador.

Situación que evidencia un caso de corrupción política, en el que la cúpula se reparte los cargos de la magistratura, entre políticos, colocando a sus alfiles y dejando fuera a los perfiles correctos e idóneos para tutelar los derechos fundamentales de los ciudadanos.

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